El grupo de inserción sociolaboral comenzó en el año 2007.
Lo formaban 15 personas, que empezaban a formarse y a trabajar las habiliades laborales.
En el año 2008, ATUREM apuesta por el empleo con apoyo. Desde ese momento, el grupo de inserción laboral aumenta a 22 personas.
En la actualidad, dos de los miembros del grupo se encuentran realizando prácticas profesionales, una usuaria tiene un empleo ordinario y otros dos se encuentran a la espera. El primero de ellos realiza su trabajo con éxito en una empresa privada. El segundo, se encuentra en la Biblioteca pública Infanta Elena, realizando labores de auxiliar de biblioteca, con notable éxito también. La persona en empleo ordinario lleva más de un año como limpiadora en una empresa. Los dos últimos, han trabjado como mozo de almacén durante unos meses. Por baja productividad empresarial, han tenido que permanecer en el paro un tiempo, con el compromiso de la empresa de volverlos a contratar, dada la efectividad de ambos en el desempeño de sus labores.
En la actualidad, dos de los miembros del grupo se encuentran realizando prácticas profesionales, una usuaria tiene un empleo ordinario y otros dos se encuentran a la espera. El primero de ellos realiza su trabajo con éxito en una empresa privada. El segundo, se encuentra en la Biblioteca pública Infanta Elena, realizando labores de auxiliar de biblioteca, con notable éxito también. La persona en empleo ordinario lleva más de un año como limpiadora en una empresa. Los dos últimos, han trabjado como mozo de almacén durante unos meses. Por baja productividad empresarial, han tenido que permanecer en el paro un tiempo, con el compromiso de la empresa de volverlos a contratar, dada la efectividad de ambos en el desempeño de sus labores.
Las personas con discapacidad, un poco más cerca de la igualdad real en Europa
Las personas con discapacidad que viven bajo el techo de la Unión Europea (UE) tienen sobre el papel las mismas oportunidades que cualquiera, pero la teoría no siempre se cumple en la práctica y no son pocas las ocasiones en que los derechos del colectivo se ven mermados. Las personas con discapacidad tienen derecho al trabajo pero el índice de empleo en este grupo se sitúa en torno al 30 o el 40 por ciento. Tienen derecho a la libre circulación pero en ocasiones no encuentran cómo desplazarse de modo seguro en todos los tipos de transporte. Tienen derecho a la educación pero solamente unos pocos tienen estudios superiores. Y así un largo etcétera.
El Parlamento Europeo ha dedicado a menudo su atención a la situación de las personas con discapacidad y ha adoptado una serie de decisiones importantes para su integración y la protección de sus derechos. En esa línea, durante el día de hoy, la comisión de Empleo y Asuntos Sociales debatirá el proyecto de informe del ponente Adám Kósa (PPE) sobre la estrategia europea para la discapacidad 2010-2020 que presentó la Comisión Europea en noviembre de 2010.
La estrategia propone, entre otras cuestiones, el reconocimiento de las tarjetas de discapacidad nacionales en todos los estados miembros, la posibilidad de emplear el braille y la lengua de signos en todos los trámites de los ciudadanos con las instituciones europeas, y el impulso del mercado comunitario de bienes y servicios para los discapacitados.
El Parlamento Europeo debate ahora el informe sobre esa estrategia elaborado por Adam Kósa, el primer eurodiputado sordo, quien remarca que el plan de acción de la Comisión Europea constituye “un paso en la buena dirección” pero pide que se apoyen medidas con “plazos más específicos” y otros elementos que mejoren la ejecución del programa.
“Nadie pone en duda que las personas con discapacidad tienen derechos humanos, pero su aplicación práctica se ve dificultada por obstáculos en el entorno que rodea a la persona –en parte físicos, en parte sociales–, incluidos los servicios y los productos a los que no se puede acceder adecuadamente”, explica en su texto el eurodiputado.
Kósa reclama estrategias para que los derechos de las personas con discapacidad se hagan efectivos en la práctica. Por ello quiere también que se presente “lo antes posible” el texto normativo mencionado en la estrategia y que se incluya a las personas con discapacidad como grupo socialmente desfavorecido en la legislación sobre contratación pública.
El ponente pide más dinero para investigación social y señala como “prioritario”, en consonancia con la Estrategia Europa 2020, aumentar las cifras de empleo para los casi 80 millones de personas con discapacidad que viven en la UE, así como eliminar cuanto antes las barreras que les discriminan.
“El nivel de empleo debe aumentar en torno a un uno por ciento al año si se quiere alcanzar el nivel del 75 por ciento establecido en la Estrategia Europa 2020”, remarca. Para el ponente, ese y el resto de objetivos se alcanzan priorizando “la inversión a largo plazo destinada a las personas con discapacidad, más que al gasto a corto plazo”.
Esa premisa se convierte aún en más prioritaria si se tiene en cuenta que, como consecuencia del envejecimiento de la población, el número de personas dependientes se duplicará de aquí a 2050, por lo que es fundamental el fomento de la independencia de las personas con discapacidad.
Las barreras prácticas con las que se encuentran en el día a día las personas con discapacidad provocan que la amenaza de la pobreza se cierna sobre ellos. La OCDE estima que más o menos una de cada cuatro personas con discapacidad vive en la pobreza, según recoge el eurodiputado.
Dadas las circunstancias, el texto que hoy debatirán los diputados recoge que la Unión Europea y sus Estados miembros no solo deben firmar y ratificar la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Adicional, sino que deben ponerlos en práctica elaborando políticas y estrategias nacionales en materia de discapacidad en consonancia con la Estrategia Europea sobre Discapacidad de la Comisión Europea y la Estrategia Europa 2020.
Para Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), “el proyecto supone una mejora respecto a lo que hay, pero todo va muy lento y todavía se tiene que avanzar mucho”.
La Unión Europea, en su opinión, “carece de unas competencias claras para entrar a regular determinadas políticas sociales, que, se supone, son tarea de los Estados”.
Pérez Bueno sugiere un replanteamiento de los tratados de la Unión en lo que respecta a los derechos de las personas con discapacidad y que al final se consiga una misma ley para todos los países. La situación actual provoca desigualdades ya que por ejemplo, la legislación alemana contempla para el colectivo la gratuidad de los peajes en las autopistas, una ventaja ausente en las leyes españolas y en las de otros estados miembros, relata Pérez Bueno.
El Parlamento Europeo ha dedicado a menudo su atención a la situación de las personas con discapacidad y ha adoptado una serie de decisiones importantes para su integración y la protección de sus derechos. En esa línea, durante el día de hoy, la comisión de Empleo y Asuntos Sociales debatirá el proyecto de informe del ponente Adám Kósa (PPE) sobre la estrategia europea para la discapacidad 2010-2020 que presentó la Comisión Europea en noviembre de 2010.
La estrategia propone, entre otras cuestiones, el reconocimiento de las tarjetas de discapacidad nacionales en todos los estados miembros, la posibilidad de emplear el braille y la lengua de signos en todos los trámites de los ciudadanos con las instituciones europeas, y el impulso del mercado comunitario de bienes y servicios para los discapacitados.
El Parlamento Europeo debate ahora el informe sobre esa estrategia elaborado por Adam Kósa, el primer eurodiputado sordo, quien remarca que el plan de acción de la Comisión Europea constituye “un paso en la buena dirección” pero pide que se apoyen medidas con “plazos más específicos” y otros elementos que mejoren la ejecución del programa.
“Nadie pone en duda que las personas con discapacidad tienen derechos humanos, pero su aplicación práctica se ve dificultada por obstáculos en el entorno que rodea a la persona –en parte físicos, en parte sociales–, incluidos los servicios y los productos a los que no se puede acceder adecuadamente”, explica en su texto el eurodiputado.
Kósa reclama estrategias para que los derechos de las personas con discapacidad se hagan efectivos en la práctica. Por ello quiere también que se presente “lo antes posible” el texto normativo mencionado en la estrategia y que se incluya a las personas con discapacidad como grupo socialmente desfavorecido en la legislación sobre contratación pública.
El ponente pide más dinero para investigación social y señala como “prioritario”, en consonancia con la Estrategia Europa 2020, aumentar las cifras de empleo para los casi 80 millones de personas con discapacidad que viven en la UE, así como eliminar cuanto antes las barreras que les discriminan.
“El nivel de empleo debe aumentar en torno a un uno por ciento al año si se quiere alcanzar el nivel del 75 por ciento establecido en la Estrategia Europa 2020”, remarca. Para el ponente, ese y el resto de objetivos se alcanzan priorizando “la inversión a largo plazo destinada a las personas con discapacidad, más que al gasto a corto plazo”.
Esa premisa se convierte aún en más prioritaria si se tiene en cuenta que, como consecuencia del envejecimiento de la población, el número de personas dependientes se duplicará de aquí a 2050, por lo que es fundamental el fomento de la independencia de las personas con discapacidad.
Las barreras prácticas con las que se encuentran en el día a día las personas con discapacidad provocan que la amenaza de la pobreza se cierna sobre ellos. La OCDE estima que más o menos una de cada cuatro personas con discapacidad vive en la pobreza, según recoge el eurodiputado.
Dadas las circunstancias, el texto que hoy debatirán los diputados recoge que la Unión Europea y sus Estados miembros no solo deben firmar y ratificar la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Adicional, sino que deben ponerlos en práctica elaborando políticas y estrategias nacionales en materia de discapacidad en consonancia con la Estrategia Europea sobre Discapacidad de la Comisión Europea y la Estrategia Europa 2020.
Para Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), “el proyecto supone una mejora respecto a lo que hay, pero todo va muy lento y todavía se tiene que avanzar mucho”.
La Unión Europea, en su opinión, “carece de unas competencias claras para entrar a regular determinadas políticas sociales, que, se supone, son tarea de los Estados”.
Pérez Bueno sugiere un replanteamiento de los tratados de la Unión en lo que respecta a los derechos de las personas con discapacidad y que al final se consiga una misma ley para todos los países. La situación actual provoca desigualdades ya que por ejemplo, la legislación alemana contempla para el colectivo la gratuidad de los peajes en las autopistas, una ventaja ausente en las leyes españolas y en las de otros estados miembros, relata Pérez Bueno.
